Luego de que en 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobara la Ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, hasta el primer trimestre del embarazo y a demanda de la mujer, 17 estados de la República (la mitad del total de estados) han aprobado reformas legislativas que endurecen la penalización a las mujeres que abortan, quienes podrían arriegar incluso hasta 50 años de cárcel. Estas reformas reconocen el inicio de la vida desde el momento de la concepción. La ola conservadora, que tuvo su mayor impulso en 2009, luego de que en 20098 la Suprema Corte de Justicia rechazara un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de ILE presentado por el gobierno federal, está siendo liderada por el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Felipe Calderón, y por supuesto con el apoyo decidido de sectores ligados a la Iglesia Católica. En algunos casos también se ha sumado el Partido Revolucionario Institucional, PRI.
En artículo del Diario La Jornada, Diego Valadés, constitucionalista y ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, enfatiza que "En nueve de esos estados, al producto de la concepción se le tiene como nacido para todos los efectos legales", lo que equipararía al aborto "con un infanticidio", por lo que "se darían todos los agravantes legales del infanticidio: ventaja evidente, premeditación y traición, lo que llevaría a la sanción máxima de 50 años", lo que equivale a las más altas del mundo.Según cifras del gobierno del DF, desde que entró en vigor la ILE y hasta septiembre de 2009, un total de 31 mil 33 mujeres se han sometido a interrupciones legales del embarazo.
Por otra parte, y en respuesta a este retroceso legislativo, 860 mujeres en edad reproductiva de siete estados de la República Mexicana presentaron una demanda frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que las reformas constitucionales que protegen la vida desde el momento de la concepción o fecundación, violentan sus derechos humanos y constituyen un riesgo potencial a su salud.
Las peticiones de las mujeres, representadas por el Grupo de Información enReproducción Elegida (GIRE), se sustentan en el derecho a la existencia digna para elegir su proyecto de vida, a la integridad personal, el derecho a la vida privada relacionada con las libertades de conciencia y pensamiento e igual protección ante la ley sin discriminación alguna, y en la Convención Belem do Pará, que reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incluida la institucional. La CIDH ya recibió las peticiones y decidirá si emite una recomendación al gobierno mexicano.
Por Adriana Gómez
Coordinadora Comunicaciones RSMLAC
e-mail: publicaciones@reddesalud.org
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