El informe hace un diagnóstico y presenta propuestas de política, explicó Marcela. "Tiene una mirada más bien crítica de algunos problemas que enfrentan las democracias en América Latina". Una primera dimensión tiene que ver con la crisis de representación, apatía, desconfianza de los ciudadanos en la política, baja valoración de las instituciones políticas y el quiebre de vínculos entre representantes y representados. Un segundo aspecto dice relación con la debilidad de la dimensión más republicana de la democracia: en muchos países el presidencialismo se ha exacerbado y eso ha debilitado el balance de poderes, autonomía, chequeos y contrachequeos, que dan garantías a las minorías de "que las mayorías no pasen la aplanadora". Finalmente, el informe plantea que hay un serio problema de seguridad; la violencia e inseguridad es un gran problema para los Estados latinoamericanos, señaló la analista.
"El republicanismo hace bien distinta la situación de Chile con otros países. Mientras en América Latina lo que hemos tenido es un debilitamiento en muchos países de los contrapesos, concentrándose fuertemente el poder en la presidencia, yo creo que en nuestro país ha ido ocurriendo un proceso contrario: tenemos muchos contrapesos y garantías para las minorías no electas ni representativas", asegura. Se refiere no sólo a la Constitución, sino a instituciones como el Tribunal Constitucional, mantención de quorums para aprobación de leyes, un rol muy fuerte de la Contraloría en algunos temas, etc.
En relación a la agenda de género del gobierno, Marcela Ríos cree que éste ha puesto un marcado énfasis en el tema laboral y que le ha dado un giro a las políticas de violencia contra las mujeres, con un abordaje distinto. "Me parece que en la mayoría de los otros temas hay una mantención del status quo. No veo que haya una agenda radicalmente distinta para algunos temas centrales para el feminismo, a lo que había antes".
Respecto de la sociedad civil, dijo tener dudas sobre su agenda, dado su gran heterogeneidad: hay un sector de ella vinculado al movimiento más histórico de mujeres que sigue buscando poner los temas de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo lo que tiene que ver con el aborto; la temática de la violencia parece ser menos importante que a principios de los noventa, por ejemplo, aspecto en que el movimiento de mujeres fue muy exitoso al instalarlo en la agenda. "Ahora con el debate de sobre post natal, se ha metido más la sociedad civil y las mujeres en los temas laborales, pero no era un tema tradicionalmente muy cercano a la discusión de las organizaciones de mujeres", el que a su juicio marca muchas diferencias al interior del movimiento de mujeres.
"Impulsar la agenda de protección a la maternidad puede ser muy dañino para la igualdad", asegura Marcela Ríos. Destaca del proyecto de extensión de post natal que introdujo por primera vez la corresponsabilidad, al permitir que lo hombres usen parte del permiso post natal. Pero "para que sea efectivo no tiene que ser intermediado por la mujer: tiene que ser un derecho del hombre como trabajador papá, no a través de la madre del hijo, sea su pareja o no; que este derecho sea obligación no renunciable para los hombres que sea, además, proporcional a su sueldo y no al de la mujer, porque de lo contrario nadie lo va a tomar (por brecha salarial)".
Si hubiera habido un debate serio sobre el post natal, sostiene la cientista política, hubiera tenido sentido ampliar el derecho a todas las mujeres. "Pero qué sentido tiene poner como principal demanda extenderlo a 6 meses para un pequeñito grupo, que son las mujeres de mayores ingresos". Agregó que una postura por la igualdad no es una postura que no se preocupe por los niños.
En cuanto a la propuesta que prepara el Ministerio del Trabajo, Mideplan y Sernam para cambiar el artículo que obliga a las empresas a contratar sala cuna después de emplear a 20 o más trabajadoras, Marcela Ríos sostiene que lo que ocurre hoy en día en la práctica es que el 95% de las empresas tiene menos de 19 mujeres contratadas, lo que es una barrera institucional fuerte, que un desincentivo objetivo y también simbólica para la contratación de mujeres. "Hay consenso en que esta norma es mala y hay que cambiarla, pero no lo hay sobre cómo se busca una alternativa".-
Fuente: Humanas
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